Reforma laboral pone en jaque a la subcontratación ilegal.

La propuesta sujeta a aprobación del senado, refiere implementar un sistema de gestión de verificación de requisitos de contratación, mismo que deberá estar a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dejando fuera a la subcontratación.

La Titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, dijo que la reforma laboral a los sistemas de subcontratación está pausada por el Congreso de la Unión, sin embargo, una vez que se las actividades del Congreso regresen a la normalidad, este tema será uno de los prioritarios a retomar en la agenda.

Esto en virtud de que, las medidas de confinamiento por covid-19 han expuesto en lo que va del año un gran número de empresas que realizan subcontrataciones ilegales, esto era algo de lo que ya se tenía cierto conocimiento, pero no se había evidenciado tanto como paso ahora por la pandemia, pues según los datos del IMSS, fueron varias las empresas que dieron de baja a una cantidad numerosa de sus trabajadores y vaciaron sus nóminas de un día a otro, desvinculándose y desprotegiendo al personal en una situación sanitaria compleja, lo cual ha causado alarma en la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social, pues podría tratarse de una subcontratación ilegal que se ha dado en diversas empresas a través de los años.

Ante esta situación, se señaló la importancia de integrar lineamientos legales para diferenciar entre la contratación legal y la ilegal, pues la propuesta advierte la diferenciación entre la subcontratación lícita y la ilícita, proponiendo además un programa de inmunidad penal para todos aquellos contratantes que incurrieron en conductas delictivas en perjuicio de los trabajadores y sus derechos, así como todos aquellos actos que se hayan cometido en contra del fisco federal, esto con la intención de que se realice el pago de daños ocasionados a cambio de beneficios penales que se presupone ayudaría a mejorar la situación laboral de los trabajadores.

Con todo esto se menciona que, cuando una persona provee de trabajadores especializados en actividades que el contratante no lleva a cabo, siempre y cuando se trate de actividades necesarias pero que no sean esenciales en su giro, es entonces cuando se trata de una subcontratación lícita.

Por lo que, para que se pueda considerarse esta actividad como legal, las actividades de los trabajadores deben consistir forzosamente en la contratación de un especialista que pueda ofrecer una asesoria a la actividad que principal del contratante o beneficiario, es decir, que se trate de una contratación ajena a la actividad principal que provee el contratista.

Con ello se cierra el camino de muchas empresas denominadas outsoursing que se dedicaban a ofrecer empleos en empresas grandes, pero sin que tuvieran los mismos beneficios de los trabajadores que laboran directamente con estas empresas, así, la distinción de pagos salariares y prestaciones de seguridad social ya no se verían tan marcadas, además, se obligaría al pago patronal correspondiente, con lo que se pagarían los impuestos que realmente corresponden y en teoría se tendría un mejor control de los trabajadores y sus derechos en una fuente laboral formal.

Por ello la importancia de que el Congreso se manifieste al respecto, pues no solo se trataría de un mejor trato para los trabajadores, sino que también se aseguraría una recaudación fiscal mayor que se traduce en mayores ingresos para la federación.